El acceso a la información es una instancia necesaria para la participación ciudadana
y la protección de los derechos civiles, dado que sin información adecuada, oportuna
y veraz, la sociedad difícilmente se encuentre en condiciones óptimas para participar
en la toma de decisiones públicas. Como consecuencia, ha surgido la necesidad de
utilizarla de manera racional y productiva en beneficio del individuo y de la comunidad,
por lo que nuestra Carta Magna lo ha establecido como una garantía individual, mientras
que la legislación secundaria ha incorporado reglas que buscan garantizar el ejercicio
efectivo de este derecho.
El derecho a la información y el libre acceso a la misma constituyen una garantía
que se encuentra estrechamente vinculada con el respeto a la verdad, elemento fundamental
para garantizar la democracia participativa, a la vez que contribuye a la disminución
de la corrupción y fomenta la transparencia en la toma de las decisiones públicas.
El Estado asume entonces la obligación de velar por que la información que llega
a la sociedad en general refleje la realidad y tenga un contenido que coadyuve al
acceso a la información veraz y oportuna, para que todo ciudadano que así lo requiera,
pueda recibir en forma fácil y rápida los conocimientos en la materia o asunto que
sean de su interés.
El derecho a la Información, actualmente se encuentra consignado en la Ley General
de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, la cual toma en cuenta
aspectos tales como la naturaleza de la información proporcionada; fijación de plazos
para la entrega de información; vías administrativas y jurisdiccionales para actuar
frente a la denegatoria o inconformidad con la información suministrada; imposición
de sanciones ante el incumplimiento de la normativa; etc.
La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) ha creado
su portal de transparencia con el propósito, no sólo de dar cumplimiento a las previsiones
de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, sino también
con el interés de salvaguardar el derecho a la información y el libre acceso a la
misma que ha sido universalmente reconocido a toda persona.
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